Las conclusiones finales de la Fiscalía en el escándalo conocido como la «mafia de los pagarés» destapan los mecanismos internos de los juzgados que facilitaron cientos de demandas masivas promovidas por compañías de crédito.
De los 66 imputados en esta causa, cuatro decidieron cooperar con la justicia y, a cambio, la Fiscalía solicitó la suspensión condicional del proceso, condicionada a donaciones y normas de conducta que el tribunal definirá oportunamente. Además, uno de ellos enfrenta un pedido de sobreseimiento definitivo.
Un testimonio clave proviene del funcionario judicial Nicolás Antonio Antúnez Tillería, quien actuó como ujier en el Juzgado de Paz de La Encarnación, bajo la dirección de la jueza Carmen Analía Cibils Miñarro. Según relató, al ingresar al cargo, la magistrada lo citó a una reunión en su despacho para establecer las reglas del juego.
«En esa charla, la jueza me dejó claro que los abogados de las grandes carteras no tratarían conmigo, sino directamente con ella. Además, fijó un porcentaje semanal del 70% para ella y 30% para mí. Me advirtió que controlaba todo el sistema, no solo con cámaras de circuito cerrado, sino también mediante contactos directos con los abogados para los pagos», declaró Antúnez (textual).
PRIVILEGIOS PARA ABOGADOS: NI SIQUIERA BAJABAN DEL AUTO
El ujier describió el «trato VIP» que recibían ciertos letrados. Por ejemplo, en el caso de Diana Molinas, representante de Global Enterprises Py SA, ni siquiera necesitaba ingresar al edificio: «Yo tenía que bajar a la calle para recibir sus proyectos de cédulas, que me entregaba desde su vehículo».
Antúnez también mencionó a otros abogados que mantenían un vínculo directo con la jueza, como Ángel Aníbal Cino Isnardi (por Nexo), José Manuel Fuster Castellano (por Bristol), Lourdes Rocío Aranda Benítez, Gabriel Darío Ojeda González, Gabriela María Vespa Centurión, Roger Medina y Leticia Núñez.
PAGOS SEMANALES Y ESPIONAJE INTERNO
Respecto a los montos por notificaciones, el funcionario explicó: «El pago semanal a la jueza era fijo en porcentaje: 70% para ella y 30% para mí, sin importar si la semana era alta o baja en ingresos. No me permitía tratar con los actuarios, ya que ella se encargaba de distribuir su parte para cubrir la logística interna, como pagos a actuarios, dactilógrafos y practicantes».
Además, reveló un sistema de vigilancia exhaustivo: «La jueza sabía todo lo que ocurría porque tenía cámaras con micrófonos instaladas en todas las áreas del juzgado».
OBLIGACIÓN DE 25 MILLONES SEMANALES PARA CUMPLIR CON LA JUEZA
Otro imputado, Arturo Ayala, también ujier en el mismo juzgado, prestó declaración y confirmó un patrón similar. Al asumir, tuvo una reunión inicial con la jueza Cibils para definir el modus operandi con los abogados de las grandes firmas de cobranzas.
«Me reuní con la señora Analía Cibils, donde se estableció la forma de trabajo y los montos. Me indicó que las grandes empresas pagarían tarifas diferenciadas, con descuentos del 20% al 30% por debajo de lo establecido en la acordada. Además, debía entregarle un monto semanal inicial, sujeto a aumentos si entraban más empresas a litigar», contó Ayala.
Agregó que estos abogados entregaban «cédulas de notificaciones en bloques masivos; recuerdo que Carsa me dio hasta 1.300, que tenía que procesar en 2 o 3 días como máximo».
Finalmente, detalló la presión financiera: «Teníamos objetivos semanales con la jueza: yo debía entregar G. 25.000.000 en efectivo todos los viernes en su oficina. Si no llegaba, lo pagaba con retroactivo la semana siguiente».
Fuente: ABC
