Los usuarios del transporte público continúan enfrentando reguladas, mientras el Gobierno promete una reforma del sistema que aún no ha sido presentada al Congreso. A pesar de los anuncios realizados hace más de un año, el proyecto de ley sigue sin concretarse, y la financiación de la reforma permanece como una incógnita.
El borrador del proyecto, socializado a fines de 2024, sería presentado esta semana, según fuentes oficiales. Sin embargo, no se ha aclarado cómo se financiará la reforma. La ministra de Obras Públicas y Comunicaciones, Claudia Centurión, anunció previamente una inversión inicial de US$ 300 millones, supuestamente asegurados tras negociaciones sobre Itaipú, pero hasta la fecha no se han materializado.
El viceministro de Transporte, Emiliano Fernández, explicó que la tarifa técnica será el pilar del financiamiento, combinando subsidios estatales y el costo del pasaje. Sin embargo, no detalló cómo se cubrirán los costos de infraestructura, como la adquisición de 1.000 buses, carriles exclusivos o estaciones. Fernández destacó que la Asociación Nacional de Transporte Público de Brasil fue contratada para realizar estudios sobre la tarifa técnica, un proceso que tomará cinco meses.
El proyecto de ley propone que el Estado adquiera la flota de buses, mientras que empresas privadas operarán los itinerarios, estaciones, terminales y el sistema de billetaje electrónico. También se plantea la creación de un Fideicomiso de Administración del Financiamiento del Servicio de Transporte Público para gestionar los recursos, que provendrían del billetaje electrónico y aportes estatales, incluyendo fondos del impuesto al combustible (Ley N.º 6925). Se estima que la inversión requerida en los próximos cinco años será de US$ 250 millones, aunque no se especifica el aporte de los usuarios frente al del Estado.
César Ruiz Díaz, presidente del Centro de Empresarios del Transporte del Área Metropolitana (Cetrapam), expresó apoyo a la reforma, pero señaló que las observaciones del gremio al borrador podrían no haber sido consideradas. Entre sus propuestas están la creación de un Ministerio de Transporte, cuestionamientos a la fragmentación de activos y objeciones a la intervención estatal en empresas sin orden judicial.
La falta de coordinación entre el Viceministerio de Transporte, Dinatran, la Gobernación y los municipios complica la gestión del sistema. Cetrapam también desconoce si existe un presupuesto definido para la reforma, lo que genera incertidumbre sobre su viabilidad.
Fuente: ABC
