La reciente concesión del servicio de recolección de basura en Encarnación ha desatado un intenso debate, especialmente tras revelarse que los costos para los ciudadanos podrían incrementarse hasta un 65%. Según el diputado César Cerini, el contrato otorga el 90% de los ingresos a la empresa tercerizada, dejando apenas el 10% para la municipalidad, lo que supone una reducción significativa en los ingresos municipales.
Cerini enfatizó que este acuerdo, con una duración de 20 años, convierte la gestión de los residuos en un «negocio redondo» para la empresa concesionaria. Destacó además que la basura, además de ser recolectada, es posteriormente vendida, generando un doble beneficio económico para la empresa.
Falta de transparencia
Uno de los puntos más controvertidos ha sido la falta de acceso a la documentación relacionada con el pliego de bases y condiciones. «Ni siquiera los concejales pudieron acceder fácilmente a la información», señaló el diputado, afirmando que en algunos casos fue necesario recurrir a órdenes judiciales para obtener detalles del contrato.
Impacto económico y dudas sobre la sostenibilidad
Con base en cálculos preliminares, Cerini estimó que los costos del servicio podrían superar los 250 mil millones de guaraníes en 20 años, sin incluir los ingresos adicionales generados por la venta de residuos. Según el diputado, este dinero podría haber sido aprovechado por la municipalidad para gestionar directamente el servicio y reducir su deuda, mejorando la eficiencia en el cobro a los contribuyentes.
Ajustes tarifarios y preocupaciones futuras
La actualización tarifaria para la disposición de residuos en el vertedero, fijada en 165,000 guaraníes por tonelada, también genera inquietudes. Este aumento, según las autoridades, busca cubrir costos operativos, promover la reutilización y mejorar las condiciones ambientales. Sin embargo, Cerini alertó sobre posibles reajustes a discreción de la empresa en el futuro, dada la falta de control por parte del municipio.
Conclusión
El caso de Encarnación pone de manifiesto la importancia de la transparencia en los contratos de servicios públicos, así como la necesidad de evaluar el impacto a largo plazo de estas concesiones. Mientras tanto, los ciudadanos deberán enfrentar un aumento significativo en los costos por un servicio esencial, sin garantías claras sobre su calidad o sostenibilidad.