Funcionarios del Poder Judicial de todo el país anunciaron el inicio de una huelga general de 30 días a partir del viernes 14 de noviembre, medida que fue aprobada durante una asamblea nacional realizada el pasado 1 de noviembre. La decisión, según manifestaron los representantes sindicales, es definitiva e irreversible, tras más de una década de reclamos sin respuesta en torno al reajuste salarial pendiente desde hace 14 años.
El abogado Edgar Ramos, secretario del Sindicato de Funcionarios Judiciales de la República del Paraguay – Filial Itapúa, explicó que la medida fue tomada “ante la falta de voluntad política para atender una reivindicación justa y largamente postergada”.
La huelga afectará al funcionamiento general del aparato judicial en todo el país, ya que implica un cese total de actividades, tanto en oficinas administrativas como jurisdiccionales. Sin embargo, los sindicalistas aseguraron que se garantizarán los servicios esenciales, especialmente en casos urgentes.
Los funcionarios mantienen la esperanza de que el Congreso Nacional atienda el reclamo en el marco del estudio del presupuesto de la Corte Suprema de Justicia, previsto para el martes 11 de noviembre en la Cámara de Diputados.
En ese sentido, los trabajadores judiciales han venido realizando un trabajo de gestión y diálogo con parlamentarios, tanto a nivel local como nacional, con el objetivo de incluir el reajuste salarial en el presupuesto correspondiente al próximo ejercicio fiscal.
Movilización nacional frente al Congreso
Como parte de las medidas de presión, el sindicato convocó a una gran movilización nacional el mismo día del debate parlamentario. Los funcionarios judiciales se concentrarán frente al Congreso Nacional, en Asunción, para exigir la aprobación del reajuste y visibilizar la situación de abandono que, según denuncian, afecta a miles de trabajadores judiciales en todo el país.
