La diputada cartista, acusada de estar vinculada a traficantes de cocaína en Brasil, enfrenta nuevas sospechas tras un altercado con policías sumariados. Su historial de escándalos y la relación con sus familiares delincuentes agravan su situación.
La diputada Liz Acosta Brítez, representante de Alto Paraná por el Partido Colorado, se encuentra nuevamente en el centro de la controversia, luego de que recientes sucesos policiales reavivaran viejos antecedentes judiciales que la vinculan con el narcotráfico y el crimen organizado. Conocida por su bajo perfil legislativo y sus escándalos fuera del Congreso, la parlamentaria enfrenta nuevas sospechas sobre su conducta, mientras su nombre es asociado a casos de tráfico de drogas y hechos delictivos de sus familiares.
Un pasado vinculado al narcotráfico
El nombre de Liz Acosta salió a la luz en 2003, cuando fue detenida en Foz de Iguazú, Brasil, por su supuesta vinculación con traficantes de cocaína del grupo criminal Comando Vermelho. Según documentos judiciales, en un allanamiento realizado en la vivienda donde Acosta vivía con su pareja, João Adriano (alias Baixinho), y otros sujetos, se encontraron 520 gramos de cocaína, dinero en efectivo en distintas monedas y otros bienes. Aunque los dos hermanos de su pareja fueron condenados, Acosta logró evadir la cárcel tras una apelación que la desvinculó del caso. La decisión judicial se basó en el principio de «a favor del acusado», argumentando dudas sobre su participación directa en el delito.
Los escándalos políticos y familiares
El historial de la diputada no se limita al caso de narcotráfico. En la actualidad, Acosta está envuelta en otra controversia debido a un incidente con la Policía Nacional. En un control reciente, policías que intentaron inspeccionar su vehículo fueron sumariados, luego de que la diputada denunciara que la intervención había sido irregular. Los agentes, que se encontraban de civil, emitieron un informe en el que justificaron su acción, señalando que el control había sido legítimo.
Este altercado ha reavivado las sospechas sobre la conducta de la legisladora, quien no es conocida precisamente por su trabajo legislativo. A lo largo de su carrera, Acosta ha sido más reconocida por los escándalos en los que se ha visto involucrada, como su participación en un tour oficial a Washington, cuyos gastos fueron cubiertos por la Cámara Baja. Tras la exposición pública, Acosta se vio obligada a devolver los viáticos.
El vínculo de la diputada con su familia también ha sido objeto de atención. En 2022, los hermanos de Acosta, Aldo y Guido Brítez, fueron acusados de ser parte de una banda de asaltabancos que operaba en Ciudad del Este. Los hermanos fueron detenidos en 2003, en el mismo periodo en que Acosta enfrentaba cargos en Brasil. Estos hechos levantan dudas sobre las conexiones familiares de la parlamentaria con el crimen organizado, lo que podría explicar parte de sus controversias.
Un panorama incierto
A pesar de sus antecedentes judiciales y los recientes escándalos que la rodean, Liz Acosta sigue ocupando un escaño en la Cámara de Diputados. Sin embargo, su falta de resultados en términos legislativos, junto con los recientes conflictos con la ley, han puesto en evidencia las deficiencias del sistema político que permite que figuras de este calibre sigan en cargos públicos sin un escrutinio adecuado.
El caso de la diputada Acosta es un reflejo de las contradicciones y los vacíos legales en la política paraguaya. En un país donde la lucha contra el crimen organizado sigue siendo una de las principales prioridades, es urgente que se tomen medidas para garantizar que quienes ocupan cargos públicos actúen con transparencia y se alejen de cualquier vínculo con actividades ilegales.
Las revelaciones sobre el pasado de Liz Acosta y sus recientes altercados con la ley siguen desvelando un patrón de comportamiento que pone en duda la idoneidad de la parlamentaria para representar a los ciudadanos. A medida que surgen nuevos detalles de su historial judicial y político, la sociedad paraguaya exige respuestas y una mayor rendición de cuentas en torno a las figuras públicas que ocupan puestos de poder.
Fuente: uh
