El problema debe verse como el reflejo de una compleja interrelación de variables que van mucho más allá de los desajustes macroeconómicos de Argentina. Es una combinación de factores estructurales, como corrupción en instancias públicas encargadas de controlar, deslegitimidad política por la indiferencia del Estado hacia su ciudadanía y desintegración social.
Pretender solucionarlo solo con las fuerzas públicas solamente amplificará las conductas ilegales, con más costos a la población y mayor sensación de fracaso y desafección política.
El contrabando requiere diversas estrategias para movilizar y “legalizar” las mercancías, entre las que se encuentran el traslado de pequeñas cantidades, la falsa declaración aduanera para cantidades considerables y la intervención de actores y agentes como la autoridad aduanera, la policía y los militares, los comerciantes y consumidores durante el traslado, distribución, comercialización y consumo.
La actuación del Estado contra el contrabando involucra múltiples funciones como la gestión de controles, la seguridad en las fronteras y la administración de Justicia. Pero más allá de estas, hay otras funciones sobre las que se fundamentan el sentido de pertenencia a una nación y la vigencia de una moral que compromete a la ciudadanía a conductas que lleven al bien común y a la cohesión social.
El trabajo en Paraguay está altamente valorado. Encuestas sobre el trabajo infantil señalan que los padres consideran el trabajo temprano como parte del “aprendizaje” para la vida, a pesar de que la evidencia también muestra su impacto negativo en la permanencia en el sistema educativo y en los logros del aprendizaje.
Pero en contrapartida, la situación del trabajo adulto en Paraguay es deplorable. Bajos ingresos laborales, exclusión de los sistemas previsionales, incumplimientos de normas laborales básicas como las horas máximas o el pago adicional por trabajo nocturno, ausencia de políticas para los micro y pequeños emprendimientos. No hay protección a los trabajadores y trabajadoras que en conjunto son más del 60% de la población y sus ingresos constituyen el 85% de los recursos económicos familiares.
El Latinobarómetro captura la sensación generalizada de que el gobierno representa a una minoría poderosa. Esta percepción general se traslada a la política anticontrabando.
La ciudadanía no tiene una figura representativa que fomente y trabaje por frenar el contrabando y generar posibilidades de desarrollo, menos aún en las zonas fronterizas donde se observan a simple vista el cúmulo de problemas: vulnerabilidad social y económica, corrupción pública, acción de los grandes evasores del sector privado.
La situación se agrava si se consideran otros aspectos en que la sociedad se siente olvidada por las autoridades y que están afectando de manera directa a la capacidad adquisitiva de los ingresos laborales como el precio de los combustibles, el precio del pasaje, la calidad del transporte público y el control de la inflación.
Ante esta situación marcada por múltiples factores estructurales y de largo plazo, el desafío está en analizar el rol de todos los actores en la construcción que sustente sus políticas en valores y principios democráticos y la garantía de los derechos.
Pretender solucionar el problema solo con las fuerzas públicas solamente amplificará las conductas ilegales de las mismas, con más costos a la población y mayor sensación de fracaso y desafección política. Debemos analizar con profundidad qué nos está pasando cuando dejamos que avance un problema que destruye las bases éticas y económicas de la sociedad.
Con un gobierno que no se responsabiliza por su ciudadanía, élites que en muchos casos abogan solo por su propia supervivencia y una sociedad que apenas sobrevive abandonada por el Estado es imposible pensar en resolver el problema del contrabando solo a partir de medidas punitivas y de control. Aun cuando esta parte del Estado funcione, será altamente costosa en términos económicos y políticos, que llevará a una política pública insostenible en el largo plazo, mientras que nuestras fronteras con Brasil y Argentina existirán siempre.