16 de noviembre de 2024
Amnistía Internacional (AI) expresó su rechazo a la promulgación de la Ley de Transferencia, Control y Rendición de Cuentas de las Organizaciones Sin Fines de Lucro (OSFL), conocida popularmente como «ley garrote», por parte del presidente de la República, Santiago Peña. Según la organización, esta normativa supone una amenaza para las libertades fundamentales y contraviene tanto los derechos humanos como el marco legislativo internacional.
AI destacó en su comunicado que la decisión de aprobar la ley ignora el rechazo de la sociedad civil y de la comunidad internacional. Además, argumentó que las organizaciones sin fines de lucro ya están sujetas a mecanismos de control y rendición de cuentas, por lo que la nueva normativa es innecesaria y podría facilitar una aplicación arbitraria.
La organización alertó que esta ley afecta la libertad de asociación, expresión y privacidad, y limita la participación ciudadana en asuntos públicos. Según AI, la normativa carece de claridad en cuanto a su alcance, implementación y objetivos, lo que aumenta el riesgo de injerencia estatal desproporcionada.
Falta de diálogo y precedentes preocupantes
Amnistía criticó que, durante el proceso de elaboración de la ley, no se promovieron espacios de diálogo ni se escucharon las propuestas de las organizaciones afectadas. Varias de estas solicitaron mesas de trabajo conjuntas para construir una normativa más acorde con los principios democráticos, pero dichas solicitudes fueron ignoradas.
La entidad también señaló que esta legislación podría seguir el ejemplo de otros países donde se han aprobado normativas similares, como Venezuela, Nicaragua y Rusia, que han derivado en la criminalización y cierre de organizaciones civiles.
Denuncias de persecución política
Sectores de la oposición han calificado la ley como un instrumento de persecución contra organizaciones que investigan temas de corrupción y transparencia. Desde su perspectiva, esta medida busca acallar a la sociedad civil y consolidar un mayor control del Estado sobre las actividades de las ONG.
Con la promulgación de esta ley, Amnistía Internacional considera que se profundiza el cierre del espacio cívico en Paraguay, marcando un retroceso en los derechos democráticos del país.
