FUNCIONARIOS RECHAZAN JORNADA DE 8 HORAS Y PRESENTAN RECURSOS CONTRA LA LEY DE SERVICIO CIVIL

El magistrado de la Sala Constitucional, Gustavo Santander, confirmó que diversos sindicatos han interpuesto acciones de inconstitucionalidad contra la Ley de Servicio Civil, cuestionando su aplicación.

En un audio que se hizo público, una funcionaria de la Contraloría General de la República expresó su malestar por una resolución firmada por Camilo Benítez, que establece la obligatoriedad de cumplir una jornada laboral de 8 horas. “A partir del lunes, nos obligan a trabajar 8 horas. Un grupo de aproximadamente 100 funcionarios presentamos una acción de inconstitucionalidad contra esa resolución, defendiendo nuestros derechos adquiridos a una jornada de 6 horas y un contrato colectivo que establece 30 horas semanales”, señala la funcionaria en el audio.

Además, la grabación revela que los funcionarios buscan contactar al ministro Santander a través de la senadora Lilian Samaniego, quien aparentemente tiene buena relación con él, para agilizar la recepción de su planteamiento en la Sala Constitucional. Según el audio, el caso aún está pendiente de sorteo para designar al magistrado preopinante.

RESPUESTA DE SANTANDER AL AUDIO FILTRADO

El ministro Gustavo Santander aclaró que no tiene conocimiento detallado sobre la acción presentada por los funcionarios de la Contraloría, ya que aún no se ha realizado el sorteo para asignar el caso. Indicó que no puede pronunciarse al respecto, dado que podría ser designado como preopinante.

Santander destacó que varias instituciones públicas han iniciado acciones legales similares contra la Ley de Servicio Civil. Citó como ejemplo a los funcionarios de la Municipalidad de Asunción, quienes solicitaron una medida cautelar para suspender la aplicación de la ley. Aunque la acción fue admitida, la medida cautelar fue rechazada.

Sobre su mención en el audio, Santander afirmó que recibe con regularidad a ciudadanos y autoridades en su despacho, pero desmintió cualquier implicación de tráfico de influencias. “Los ciudadanos tienen derecho a ser recibidos por las autoridades para expresar sus preocupaciones”, subrayó, negando conocer los detalles de la acción promovida por los funcionarios de la Contraloría.

Fuente: UH