En una reciente entrevista en Studio Noticias, el abogado Rogelio Ríos abordó las crecientes inquietudes ciudadanas sobre el sistema de estacionamiento tarifado en la ciudad de Encarnación, Paraguay. Este servicio, gestionado por el Consorcio Estacionamiento Sur, ha generado polémica debido a irregularidades legales, falta de transparencia y cuestionamientos sobre su legitimidad. A continuación, se resumen los puntos clave del debate, que reflejan el descontento generalizado de los encarnacenos.
Falta de comprobantes de pago y habilitación legal
Uno de los principales cuestionamientos al sistema es la inexistencia de comprobantes de pago por el uso del estacionamiento. Los usuarios realizan pagos a través de una aplicación móvil, pero no reciben un recibo que acredite la transacción. Según Ríos, esta práctica no solo genera desconfianza, sino que también plantea riesgos en términos de prevención de lavado de dinero. La plataforma utilizada, conocida como UPA, no estaría habilitada como medio electrónico de pago según un informe de la Ceprelat, lo que agrava las dudas sobre su legalidad.
“Cuando pago a través de una plataforma electrónica, esa plataforma debe estar legalmente habilitada por las instituciones de control que fiscalizan la prevención del lavado de dinero”, explicó Ríos. Sin comprobantes, no hay claridad sobre el destino de los fondos recaudados, que podrían ingresar directamente al patrimonio de la empresa o al municipio sin una justificación clara.
Multas y hostigamiento: ¿Recaudación o control?
Otro punto crítico es el sistema de multas aplicado por los agentes de tránsito, coloquialmente llamados “zorritos”. Ciudadanos han reportado ser notificados con infracciones en menos de dos minutos tras estacionar, sin el supuesto período de tolerancia de 10 minutos que, según Ríos, no se respeta en la práctica. Estas multas, denominadas “pago voluntario”, carecen de un marco legal claro que especifique su destino o justificación.
“Se nota claramente que el objetivo es recaudar, hostigar al ciudadano con multas, y no busca ordenar”, afirmó el abogado. Esta percepción es compartida por muchos encarnacenos, quienes sienten que el sistema prioriza el lucro sobre la planificación urbana. Ríos sugirió que una tolerancia de media hora para estacionamientos breves podría desalentar el uso prolongado de espacios públicos sin afectar a quienes realizan trámites rápidos, pero la empresa parece desestimar esta opción por no ser “negocio”.
Legalidad cuestionada: Una ordenanza inconstitucional
El núcleo del problema, según Ríos, radica en la ordenanza municipal que regula el estacionamiento tarifado. Aunque los municipios tienen autonomía para dictar normas, esta autonomía está limitada por la Constitución y la Ley Orgánica Municipal. La ordenanza permite cobrar por el uso de espacios públicos, algo que Ríos considera ilegal desde la modificación de la Ley Orgánica en 2010, que prohíbe la concesión de calles, veredas y plazas a particulares para su explotación económica.
“La atribución de ordenar el tránsito no conlleva la facultad de cobrar impuestos, tasas o contribuciones que la ley no creó”, enfatizó. Esta normativa, según el abogado, es inconstitucional, ya que el municipio no puede ceder espacios públicos a una empresa privada, como el Consorcio Estacionamiento Sur, para que lucre con ellos.
Además, la ordenanza de “espacios reservados” (como los usados por farmacias o comercios) y los “parklets” (espacios comerciales en calles) también fue calificada como ilegal por la misma razón: la ley prohíbe alquilar espacios públicos.
Transparencia y resistencia municipal
Ríos denunció la falta de transparencia en la gestión municipal. A través de la Ley de Acceso a la Información Pública, su equipo ha solicitado documentos relacionados con el sistema de estacionamiento, pero la municipalidad suele demorar más de 15 días en responder o entrega información incompleta. “Se resisten a que la gente conozca lo que están haciendo”, señaló.
Esta opacidad refuerza la percepción de que los recursos recaudados no se destinan a mejorar la ciudad. “No hay un documento público que diga que el dinero se invertirá en una partida presupuestaria específica”, afirmó Ríos, lo que erosiona la confianza en las autoridades.
La empresa detrás del consorcio
El Consorcio Estacionamiento Sur está conformado por la empresa paraguaya EDB S.A. y la argentina Decisiones Empresariales SRL, representada por Diego Mietic y vinculada a Alfonso Voyorria, ambos de nacionalidad argentina. Aunque la empresa emitió un comunicado defendiendo su constitución legal y registro tributario, Ríos aclaró que esto no implica el cumplimiento integral de las normas fiscales. La falta de comprobantes y la no habilitación de la plataforma de pago son pruebas de irregularidades que persisten.
Acciones legales en curso
Ríos y su equipo están recopilando evidencia para presentar acciones legales, ya sea en la vía civil o penal, dependiendo de cómo se configure el caso. Sin embargo, admitió que el proceso es lento debido a la resistencia municipal y las limitaciones del sistema de control. La Junta Municipal, que debería fiscalizar al intendente, aprobó casi unánimemente el sistema de estacionamiento tarifado, lo que dificulta su intervención. Además, la Contraloría General de la República solo actuaría a pedido de los concejales o de la Cámara de Diputados, un escenario poco probable dado el respaldo político al intendente.
El Ministerio Público, por su parte, podría intervenir de oficio ante las denuncias de ilegalidad, pero Ríos expresó dudas sobre su disposición a actuar con celeridad. “No tenemos la garantía de que se le dé impulso”, lamentó.
El descontento ciudadano y el liderazgo ausente
La entrevista reflejó un sentimiento generalizado de frustración entre los encarnacenos. Aunque muchos reconocen que el sistema ha ordenado parcialmente el tránsito, las irregularidades, el hostigamiento y la falta de beneficios claros para la ciudad generan rechazo. “La gente no está en contra del orden, pero ese orden debe ser dentro del marco legal”, subrayó Ríos.
El abogado también señaló que la crisis refleja una falta de liderazgo equilibrado en Encarnación. La gestión del intendente, respaldada por una Junta Municipal que aprueba sus iniciativas sin análisis crítico, ha generado crispación social. “Encarnación necesita un líder que genere equilibrio social”, afirmó, proyectando el desafío hacia las elecciones municipales de 2026.
Un llamado a la acción ciudadana
Ante la inacción de las autoridades, Ríos instó a los ciudadanos a seguir denunciando irregularidades, utilizando herramientas como la Ley de Acceso a la Información Pública y las redes sociales. Aunque las quejas en redes no siempre generan resultados inmediatos, son una fuente valiosa para visibilizar el problema y presionar a las instituciones.
“En democracia, todo suma”, afirmó. Los ciudadanos, como contralores, deben suplir las carencias de los concejales y exigir auditorías o investigaciones. Sin embargo, la falta de apoyo institucional y la desconfianza en los partidos tradicionales complican el panorama.
El sistema de estacionamiento tarifado en Encarnación se encuentra en un limbo legal y social. Las irregularidades denunciadas por el abogado Rogelio Ríos —desde la ordenanza inconstitucional hasta la falta de comprobantes y el hostigamiento a los usuarios— evidencian un modelo que, en lugar de ordenar la ciudad, parece diseñado para recaudar fondos sin rendición de cuentas. Mientras los ciudadanos esperan respuestas, la transparencia, la legalidad y un liderazgo responsable se perfilan como los grandes pendientes de Encarnación.
